- Derecho Administrativo

JCP tiene una reconocida reputación como abogados eficaces y persistentes en materia administrativa en la República Dominicana. Tiene vasta experiencia de trabajo con la Dirección General de Impuestos Internos ("DGII"), la Dirección General de Aduanas ("DGA"), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (“INDOTEL”), la Superintendencia de Electricidad, la Superintendencia de Seguros, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (“Proconsumidor”), entre otros. Sus excelentes relaciones de trabajo con estas agencias también han permitido a los clientes de JCP obtener buenos resultados en apelaciones administrativas en el Tribunal Superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia.

JCP ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en la gran mayoría de los sectores regulados, tales como energía, salud, telecomunicaciones y minería, en aspectos concernientes a la aplicación de sanciones administrativas, estimaciones tributarias oficiales, conflictos contractuales con el Estado Dominicano, y apelaciones o defensas en contra de impugnaciones por el uso de bandas difusoras.

Servicios

• Impuestos y Aranceles Aduaneros:
  • Demandas administrativas para impugnación de estimaciones tributarias efectuadas por la Dirección General de Impuestos Internos  y la Dirección General de Aduanas;
  • Apelaciones Administrativas en el Tribunal Superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia
• Reglamento del Uso de Banda Ancha:
  • Procesos administrativos y judiciales relacionados con el uso de la banda ancha de difusión y el otorgamiento de licencias.
• Industrias:
  • Infraestructura
  • Energía Tradicional y Renovable
  • Hospitalidad y Turismo
  • Seguros de Salud
  • Minería
  • Importación-exportación

Principales Representaciones

• Representación de dos compañías dominicanas en procesos de reestimación de impuestos por parte de la Dirección General de Aduanas relacionados con sus importaciones bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), incluyendo negociaciones y conclusiones exitosas que representaron para los clientes ahorros equivalentes a RD$ 1.9 millones (US$ 3.9 millones) en un caso, y RD$ 413.1 millones (US$ 10 millones) en otro caso.

• Representación de compañías de telecomunicaciones en procesos judiciales y administrativos  ante el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones relacionados con el uso de la banda ancha de difusión y el otorgamiento de licencias.

• Representó a ______________ en un proceso contra el Estado Dominicano, en el cual se impugnaba una estimación de impuestos sobre una operación comercial por un monto de US$ 517 millones.