JCP tiene una reconocida reputación como abogados eficaces y persistentes en materia administrativa en la República Dominicana. Tiene vasta experiencia de trabajo con la Dirección General de Impuestos Internos ("DGII"), la Dirección General de Aduanas ("DGA"), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (“INDOTEL”), la Superintendencia de Electricidad, la Superintendencia de Seguros, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (“Proconsumidor”), entre otros. Sus excelentes relaciones de trabajo con estas agencias también han permitido a los clientes de JCP obtener buenos resultados en apelaciones administrativas en el Tribunal Superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia.
JCP ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en la gran mayoría de los sectores regulados, tales como energía, salud, telecomunicaciones y minería, en aspectos concernientes a la aplicación de sanciones administrativas, estimaciones tributarias oficiales, conflictos contractuales con el Estado Dominicano, y apelaciones o defensas en contra de impugnaciones por el uso de bandas difusoras.
Servicios
Impuestos y Aranceles Aduaneros:
Demandas administrativas para impugnación de estimaciones tributarias efectuadas por la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas;
Apelaciones Administrativas en el Tribunal Superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia
Reglamento del Uso de Banda Ancha:
Procesos administrativos y judiciales relacionados con el uso de la banda ancha de difusión y el otorgamiento de licencias.
Industrias:
Infraestructura
Energía Tradicional y Renovable
Hospitalidad y Turismo
Seguros de Salud
Minería
Importación-exportación
Principales Representaciones
Representación de dos compañías dominicanas en procesos de reestimación de impuestos por parte de la Dirección General de Aduanas relacionados con sus importaciones bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), incluyendo negociaciones y conclusiones exitosas que representaron para los clientes ahorros equivalentes a RD$ 1.9 millones (US$ 3.9 millones) en un caso, y RD$ 413.1 millones (US$ 10 millones) en otro caso.
Representación de compañías de telecomunicaciones en procesos judiciales y administrativos ante el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones relacionados con el uso de la banda ancha de difusión y el otorgamiento de licencias.
Representó a ______________ en un proceso contra el Estado Dominicano, en el cual se impugnaba una estimación de impuestos sobre una operación comercial por un monto de US$ 517 millones.
Desde su concepción institución jurídica, el arbitraje ha sido reconocido como un proceso consensual y voluntario, de donde la cláusula arbitral es idealmente el resultado de una negociación equilibrada entre las partes del contrato. Sin embargo, en la arena de los contratos de adhesión se veri ca una excepción a esta regla, toda vez que la capacidad de al menos una de las partes de negociar los término y condiciones de la transacción puede encontrarse visiblemente restringida, en tanto que la contraparte (i.e. quien ofrece el bien o servicio de que se trate) posee considerable poder de negociación, con lo cual constriñe a la otra a aceptar al arbitraje como alternativa a la justicia ordinaria y sin lo cual esta última no podrá acceder al bien o servicio pretendido.
Ricardo Gonzalez, abogado asociado de la firma, examina la vigencia y pertinencia de la jurisdicción civil en grado de apelación, en el marco de la Constitución dominicana del 2010, para conocer de los recursos interpuestos en contra de las resoluciones dictadas por el director general de la ONAPI.
